Oro, soberanía y contrabando

La fuerte subida del precio del oro en los dos últimos años ha transformado el oro, que ha pasado de ser un activo de reserva conservador a convertirse en un pilar central de la soberanía monetaria y la gestión del riesgo geopolítico. Con una subida de los precios de los lingotes de más del 60% y el establecimiento repetido de nuevos récords por encima de los 4.300 dólares por onza troy, el oro ha vuelto a entrar en el núcleo estratégico de las finanzas mundiales. Sin embargo, este repunte también ha puesto de manifiesto las deficiencias estructurales de la cadena mundial de suministro de oro, especialmente en los países donde se extrae de manera informal. A medida que el contrabando, los daños medioambientales y la actividad delictiva se expanden junto con la subida de los precios, los bancos centrales van cada vez más allá de su papel tradicional como gestores de reservas y entran directamente en el comercio de oro físico.

En muchas economías en desarrollo productoras de oro, una parte importante de la producción procede de la minería artesanal y a pequeña escala. Estas operaciones son a menudo informales, están poco reguladas y profundamente arraigadas en las economías locales de supervivencia. Cuando los precios eran bajos, los gobiernos toleraban cierto grado de informalidad. Sin embargo, con los precios actuales, las pérdidas son demasiado grandes para ignorarlas. En Madagascar, por ejemplo, la producción anual de oro se estima en 20 toneladas, con un valor aproximado de 2.800 millones de dólares a los precios actuales. Sin embargo, la mayor parte de este oro sale del país ilegalmente, eludiendo impuestos, controles de exportación y canales de cambio de divisas. Sobre el papel, el oro apenas aparece en las estadísticas de exportación de Madagascar, a pesar de ser uno de los recursos naturales más valiosos del país.

La subida de los precios del oro ha amplificado drásticamente estas distorsiones. Los precios más altos aumentan el incentivo para las redes de contrabando, que a menudo están mejor equipadas que los gobiernos, utilizando aviones, helicópteros y logística transfronteriza. Los grupos delictivos, a su vez, canalizan los beneficios hacia otras actividades ilícitas, mientras se intensifican los daños medioambientales. La contaminación por mercurio, la deforestación y la contaminación de los ríos se han generalizado en las regiones productoras de oro. En Ghana, más del 60% de los cursos de agua están contaminados por la minería artesanal del oro, convirtiendo lo que antes era un problema técnico en una crisis política nacional. Una dinámica similar se desarrolla en Ecuador, donde las bandas de narcotraficantes recurren cada vez más a la extracción ilegal de oro como fuente fiable de dinero.

Ante estas presiones, los bancos centrales y los ministerios de finanzas están experimentando con un enfoque más intervencionista. En lugar de confiar únicamente en la regulación y la aplicación de la ley, están creando programas nacionales de compra de oro que ofrecen a los mineros una alternativa legal y competitiva al contrabando. En estos programas, los bancos centrales compran oro directamente a los productores locales a precios transparentes y con liquidación rápida. El banco central de Ecuador, que inició un programa de este tipo en 2016 y ahora lo está ampliando, paga a los mineros en 48 horas. La rapidez importa: cuando los compradores oficiales pueden igualar o superar las condiciones ofrecidas por los contrabandistas, los mineros tienen un fuerte incentivo para mantenerse dentro de los canales formales.

Esta estrategia está ganando adeptos en todas las regiones. Ghana creó un organismo centralizado de compra de oro en 2025. El banco central de Madagascar está ampliando su programa con el objetivo tanto de reducir el tráfico como de aumentar sus propias reservas oficiales de una tonelada a cuatro. Existen o se están estudiando iniciativas similares en países que van desde Filipinas a Mongolia. Según estimaciones del Consejo Mundial del Oro, los mineros artesanales y a pequeña escala producen hasta 1.000 toneladas de oro al año en todo el mundo. Incluso si sólo una parte de este volumen entra en las cadenas de suministro ilícitas, las sumas implicadas son enormes, especialmente a los precios actuales.

Estos programas de compra nacionales también se cruzan con un cambio estructural mucho mayor en la gestión de las reservas mundiales. Desde 2022, los bancos centrales de todo el mundo han acumulado más de 3.300 toneladas de oro, marcando el periodo más fuerte de compras del sector oficial desde el colapso del sistema de Bretton Woods. Las compras anuales han superado las 1.000 toneladas durante varios años consecutivos, más del doble del ritmo medio observado entre 2010 y 2021. Lo que hace especialmente llamativa esta tendencia es que se ha mantenido a pesar de la fuerte apreciación del precio del oro. Los bancos centrales están comprando oro no porque sea barato, sino porque ofrece cualidades de las que carecen cada vez más otros activos de reserva.

En el centro de este cambio está el riesgo de contrapartida. El oro es un activo al portador. No conlleva ninguna promesa de otro gobierno, ninguna exposición a un sistema de pagos extranjero y ninguna dependencia de la buena voluntad política. Los últimos años han puesto de relieve lo vulnerables que pueden ser los activos de reserva tradicionales. Tras la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, los gobiernos occidentales congelaron unos 300.000 millones de dólares en activos de bancos centrales rusos en el extranjero. Ese episodio envió una poderosa señal a los gestores de reservas de todo el mundo: los activos mantenidos en jurisdicciones extranjeras pueden ser inmovilizados o convertidos en armas en tiempos de conflicto político.

La larga disputa sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra ha reforzado la misma lección. Unas 31 toneladas de oro venezolano, almacenadas en Londres desde la década de 1980, llevan años congeladas en medio de batallas legales y disputas por el reconocimiento diplomático. Aunque el caso es muy específico, sus implicaciones son generales. Para muchos gobiernos, especialmente los que no forman parte de alianzas políticas occidentales, puso de relieve los riesgos de almacenar reservas soberanas en el extranjero. La repatriación de oro, o la acumulación de lingotes de origen nacional, se considera cada vez más una forma de reducir la exposición a tales riesgos.

Los programas nacionales de compra de oro tienen varios objetivos a la vez. Ayudan a formalizar la minería artesanal, mejoran las normas medioambientales y laborales y captan ingresos fiscales que de otro modo se perderían. Al mismo tiempo, permiten a los bancos centrales constituir reservas sin depender totalmente de los mercados internacionales o de custodios extranjeros. En algunos casos, el oro comprado se refina en el extranjero y se vende para generar divisas; en otros, se añade directamente a las reservas. En cualquier caso, el Estado recupera el control sobre un recurso que durante mucho tiempo había estado fuera de su alcance.

Este enfoque no está exento de dificultades. Verificar el origen del oro sigue siendo difícil, sobre todo en regiones con una gobernanza débil. Las organizaciones de la sociedad civil advierten de que los programas de compra mal diseñados corren el riesgo de legitimar el oro extraído ilegalmente o vinculado a conflictos. Los fracasos del pasado en países como Sudán y Etiopía demuestran cómo los bancos centrales pueden convertirse inadvertidamente en compradores de producción ilícita si los sistemas de diligencia debida son deficientes. En respuesta, se están probando nuevas tecnologías. Ecuador, por ejemplo, está probando escáneres isotópicos que pueden tomar huellas químicas del mineral de oro y ayudar a identificar su origen. Aunque todavía se encuentran en una fase inicial, estas herramientas podrían mejorar significativamente la trazabilidad con el tiempo.

También hay ejemplos en los que el compromiso a largo plazo ha producido beneficios tangibles. El banco central de Mongolia lleva más de tres décadas aplicando un programa nacional de compra de oro. Con el tiempo, esto ayudó a empujar la minería artesanal hacia estructuras más formales y contribuyó a la casi eliminación del uso de mercurio, ya que las estaciones de compra podían realizar fácilmente pruebas de contaminación. El programa también se convirtió en una importante fuente de divisas durante periodos de tensión externa.

En última instancia, la mayor implicación de los bancos centrales en el mercado del oro físico refleja una convergencia de fuerzas económicas, medioambientales y geopolíticas. Los precios récord han magnificado los costes de la informalidad y el contrabando. Al mismo tiempo, la congelación de los activos soberanos y la creciente fragmentación del sistema financiero mundial han reconfigurado la forma en que los gestores de reservas conciben la seguridad y el control. El oro se encuentra ahora en la intersección de la política monetaria, la seguridad nacional y la gobernanza de los recursos.

Lo que está surgiendo no es simplemente una vuelta al oro como activo de reserva, sino un modelo más activista de compromiso estatal con la propia economía del oro. Con la compra de oro en origen, los bancos centrales intentan ahogar los flujos ilícitos, estabilizar los sectores nacionales y afianzar la riqueza nacional en sus propios sistemas financieros. En un mundo en el que aumentan las tensiones geopolíticas y disminuye la confianza en las reglas mundiales, el atractivo del oro reside no sólo en su precio, sino en su capacidad para existir fuera del alcance de los demás.